Mérida, Yucatán, a 28 de julio de 2020.- En reciente reforma al Código Penal de Yucatán, que entró en vigor el 23 de julio del presente, personas morales como empresas o asociaciones civiles, podrán ser imputadas por su responsabilidad en la comisión de un catálogo de 38 delitos diferentes como cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, abuso de confianza, falsificación de documentos, delitos contra el medio ambiente, entre otros.

En esta misma reforma también queda consignada el Compliance, definida como una serie de acciones o reglas que una persona moral debe de cumplir para ir en armonía con el orden jurídico. El Compliance es un programa de cumplimiento normativo, de carácter preventivo y que debe ser implementado por las empresas para lograr modificar su probable responsabilidad penal, ya sea con atenuantes o excluyéndola de alguna penalidad, si la empresa se ve involucrada en alguno de esos 38 delitos consignados.

El Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán (SEAY) considera un acierto esta reforma penal pues fortalece la cultura anticorrupción. Bajo el concepto de Compliance, que implica la integridad empresarial, los legisladores consideraron un conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptadas por las empresas para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan.

A través de mecanismos internos de prevención, gestión, formación, detección, minimización y control de dichos riesgos, es como las empresas, podrán minimizar el impacto de probables hechos de corrupción que estén considerados delitos.

Asimismo, abundó el CPC del SEAY que preside Mónica Febles Álvarez-Icaza, que es de suma importancia que las Cámaras Empresariales, colegios de profesionales y organizaciones civiles difundan entre las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas en que consiste este programa de cumplimiento normativo para garantizar que las personas morales actúen con apego a los códigos de ética, políticas internas y normas legales como parte de sus buenas prácticas.

Sin embargo, se prevé que la integración de esos instrumentos deberá concluirse a más tardar el último día hábil de 2020, lo que permitirá comprender, hasta entonces, el detalle de cómo operaron las dependencias estatales durante la actual emergencia sanitaria.

Por ello, el CPC del SEAY, que preside Mónica Febles Álvarez-Icaza, reiteró que es imprescindible que los responsables del gasto público proporcionen información necesaria para conocer la trazabilidad, el origen y el destino de los recursos que se tienen disponibles, así como las afectaciones presupuestarias que tendrán en el erario durante este periodo extraordinario.

El Comité de Participación Ciudadana, en coordinación con la Secretaría Ejecutiva del SEAY, ya están elaborando un trabajo de vinculación con las personas morales, a través de las propias Cámaras, para brindar asesoría y capacitación de forma gratuita, a los responsables de elaborar esos programas de cumplimiento normativo ya que, en caso de no tenerlos, y la empresa se vea involucrada en alguno de esos 38 delitos, queda expuesta a las acciones penales que procedan.